¿Qué ocurre cuando el funcionamiento del mercado inmobiliario entra en conflicto con las necesidades de una persona? El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en su casa de Madrid, nos invita a reflexionar sobre la economía, los derechos humanos y el papel del Estado.
24 de septiembre de 2026
El 23 de septiembre, Maricarmen, una mujer de 87 años, fue desahuciada de la vivienda en la que residía desde 1956, situada en el barrio madrileño de Retiro. Tras varios intentos de desalojo, una comisión judicial ejecutó finalmente la orden y Maricarmen abandonó su hogar en camilla, asistida por los servicios sanitarios y acompañada por las protestas de numerosos vecinos y colectivos sociales.
Fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde ha pasado su primera noche fuera de casa. Según las últimas informaciones, está previsto que, cuando reciba el alta, se aloje temporalmente con unos familiares en Segovia.
Su historia ha provocado una importante repercusión mediática, numerosas movilizaciones ciudadanas y un enfrentamiento político entre las distintas administraciones. También ha reabierto el debate sobre el derecho a la vivienda y los límites del mercado inmobiliario.
Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y qué relación tiene esta historia con lo que estudiamos en Economía?
Una vida entera en la misma casa
Maricarmen llevaba aproximadamente 70 años viviendo en el mismo piso. Su familia había alquilado la vivienda en 1956 mediante un contrato de renta antigua, un sistema que ofrecía unas condiciones de alquiler y de continuidad diferentes de las que encontramos habitualmente en los contratos actuales.
Después del fallecimiento de sus padres, Maricarmen continuó viviendo allí, pagando una mensualidad aproximada de 500 euros.
El conflicto se intensificó cuando el inmueble cambió de propietarios. La empresa inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión adquirió la propiedad y reclamó la recuperación de la vivienda al considerar extinguido el contrato de alquiler.
Según la información publicada, se plantearon nuevas condiciones de alquiler que inicialmente alcanzaron los 2.650 euros mensuales y, posteriormente, los 1.650 euros.
Maricarmen percibía una pensión de aproximadamente 1.300 euros. Ninguna de aquellas cantidades resultaba asumible con sus ingresos.
Después de años de procedimientos judiciales y varios intentos de desahucio, finalmente perdió su vivienda.
La historia adquirió todavía mayor repercusión cuando se conoció que una donante anónima había ofrecido asumir la diferencia entre el alquiler que pagaba Maricarmen y la cantidad solicitada por la empresa. Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo que permitiera evitar el desalojo.
La cuestión jurídica estaba relacionada con la extinción del antiguo contrato y los límites legales de su transmisión entre familiares. Los tribunales autorizaron finalmente el desahucio.
El caso nos muestra cómo una misma vivienda puede tener significados completamente diferentes: para su propietaria representa un activo inmobiliario y una fuente potencial de ingresos; para Maricarmen era el hogar en el que había transcurrido prácticamente toda su vida.
La vivienda: una necesidad básica y un bien económico
En Economía estudiamos que las personas tenemos necesidades que intentamos satisfacer mediante bienes y servicios.
La vivienda satisface una necesidad básica: disponer de un espacio seguro y adecuado en el que desarrollar nuestra vida.
Sin embargo, también es un bien económico. Se compra, se vende, se alquila y puede utilizarse como inversión.
En una economía de mercado, los precios de las viviendas y los alquileres están relacionados con la oferta y la demanda, las características de los inmuebles, su localización y otros factores económicos.
Pero existe una diferencia fundamental entre necesitar una vivienda y disponer de suficiente dinero para pagarla.
Pensemos en el caso de Maricarmen.
Si una persona cobra una pensión de 1.300 euros y paga un alquiler mensual de 500 euros, destina aproximadamente el 38,5 % de sus ingresos a la vivienda.
Si ese alquiler pasa a costar 1.650 euros, necesitaría destinar aproximadamente el 127 % de su pensión exclusivamente a pagarlo.
Es decir, ni siquiera utilizando todos sus ingresos podría hacer frente al alquiler.
Esto nos permite comprender un concepto económico fundamental: la demanda efectiva.
En economía, no basta con necesitar un producto o servicio para poder adquirirlo. También es necesario disponer de capacidad económica para pagar su precio.
Cuando hablamos del mercado inmobiliario, debemos tener presente que las personas no participan en él con los mismos recursos, ingresos ni posibilidades.
Y eso plantea un interrogante: ¿puede el mercado, por sí solo, garantizar el acceso de toda la población a determinados bienes esenciales?
Las empresas, los incentivos y las decisiones económicas
Las empresas desempeñan una función esencial en nuestra economía. Producen bienes, ofrecen servicios, realizan inversiones y generan actividad económica.
Como sucede en otros sectores, las empresas inmobiliarias toman decisiones teniendo en cuenta factores como los ingresos esperados, los costes, los riesgos y la rentabilidad de sus inversiones.
Desde el punto de vista empresarial, una vivienda puede representar una oportunidad de inversión.
Sin embargo, las decisiones económicas no afectan únicamente a quienes las adoptan.
En este caso, recuperar una vivienda para destinarla a otro uso o establecer un nuevo contrato puede tener consecuencias económicas para su propietaria, pero también consecuencias personales y sociales para quien ha vivido allí durante décadas.
Aquí encontramos otro concepto que estudiaremos durante el curso: los incentivos económicos.
Los incentivos ayudan a explicar por qué los diferentes agentes económicos toman determinadas decisiones.
También podemos introducir la diferencia entre eficiencia y equidad.
Una decisión puede responder a determinados objetivos económicos y, al mismo tiempo, generar un debate sobre sus consecuencias distributivas.
Analizar esa diferencia no significa que todas las decisiones empresariales sean perjudiciales ni que cualquier intervención pública produzca automáticamente los resultados deseados. Significa que debemos examinar los costes, los beneficios y las consecuencias de las distintas alternativas.
¿Qué han hecho las administraciones públicas?
El desahucio también ha provocado diferentes respuestas políticas e institucionales.
El Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que puso a disposición de Maricarmen distintos servicios sociales, entre ellos ayuda a domicilio, seguimiento asistencial y una plaza de emergencia en una residencia.
La Comunidad de Madrid también sostiene que le había ofrecido anteriormente una plaza residencial.
Maricarmen rechazó estas alternativas y prefirió alojarse con familiares. Su defensa considera que las opciones ofrecidas no constituían una solución habitacional adecuada a sus necesidades.
Por otra parte, el Ministerio de Vivienda afirma que intentó negociar con la empresa propietaria para encontrar una solución económica que permitiera a Maricarmen permanecer en su hogar.
Tras el desahucio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su intención de impulsar urgentemente nuevas medidas legislativas relacionadas con la vivienda. Su aprobación, sin embargo, requiere seguir el procedimiento correspondiente y obtener los apoyos parlamentarios necesarios.
Las distintas administraciones han defendido sus actuaciones y han mantenido posiciones enfrentadas sobre las responsabilidades institucionales.
Esta situación plantea una cuestión que también estudiaremos en Economía: el papel del Estado y su intervención en los mercados.
Las administraciones públicas pueden desarrollar diferentes políticas para facilitar el acceso a la vivienda: construcción de vivienda pública, ayudas al alquiler, incentivos para ampliar la oferta, regulación del mercado o programas de protección social.
Cada medida puede producir distintos efectos sobre los precios, la inversión, la oferta disponible y la distribución de la renta. También implica decisiones presupuestarias, costes y posibles inconvenientes.
Por eso, las políticas económicas deben analizarse teniendo en cuenta tanto sus objetivos como sus resultados.
¿Y qué ocurre con los derechos humanos?
Existe un elemento especialmente importante en esta historia.
En junio de 2026, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó al Estado español que adoptara medidas provisionales para evitar posibles daños irreparables a Maricarmen.
El Comité pidió suspender el desahucio o facilitar una alternativa habitacional adecuada mientras examinaba su caso. Se trataba de una solicitud de medidas provisionales, no de una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.
El debate sobre los derechos humanos está directamente relacionado con nuestra economía.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado que incluye, entre otros elementos, la vivienda.
En España, el artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
Al mismo tiempo, el artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada.
El reconocimiento de estos derechos obliga a considerar diferentes intereses y a examinar las responsabilidades que corresponden a los poderes públicos. El derecho constitucional a la vivienda no significa que cualquier contrato de alquiler pueda mantenerse indefinidamente, pero sí establece un objetivo fundamental que debe orientar las políticas públicas.
Una sociedad comprometida con los derechos humanos debe prestar especial atención a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y al acceso efectivo a unas condiciones de vida dignas.
La economía dispone de herramientas para estudiar cómo alcanzar estos objetivos, qué recursos serían necesarios y cuáles podrían ser las consecuencias de cada alternativa.
La economía no son solamente números
La historia de Maricarmen nos permite descubrir que detrás de las cifras económicas existen personas.
Cuando estudiamos la oferta y la demanda, la distribución de la renta, las decisiones empresariales o la intervención del Estado, estamos analizando fenómenos que tienen consecuencias reales sobre nuestra sociedad.
También nos ayuda a distinguir dos conceptos fundamentales.
La economía positiva intenta explicar la realidad mediante hechos y datos. Por ejemplo, podemos calcular qué porcentaje de una pensión representa un alquiler, investigar cómo evolucionan los precios de la vivienda o analizar los efectos de una determinada medida económica.
La economía normativa incorpora juicios de valor sobre los objetivos que debería perseguir nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando discutimos qué medidas deberían adoptar las administraciones para facilitar el acceso a la vivienda o cómo deberían distribuirse los recursos públicos.
Ambas perspectivas son importantes para comprender los debates económicos.
Para desarrollar una opinión propia, necesitamos información contrastada, capacidad de análisis y argumentos.
El caso de Maricarmen nos ofrece la oportunidad de poner en práctica estas habilidades y comprender que la economía está presente en nuestra vida cotidiana.
Porque una vivienda tiene un precio de mercado, pero el valor que representa para las personas que viven en ella no siempre puede expresarse en euros.
ACTIVIDAD: AHORA TE TOCA OPINAR
Imagina que formas parte de un equipo de especialistas al que se ha encargado proponer medidas para evitar situaciones similares a la de Maricarmen.
¿Cómo crees que debería actuar el Estado para garantizar el acceso a una vivienda digna, teniendo en cuenta también el derecho a la propiedad privada y el funcionamiento del mercado inmobiliario?
Defiende tu opinión mediante argumentos económicos. Puedes proponer las medidas que consideres oportunas, pero debes explicar por qué las has elegido, quién asumiría sus costes y qué posibles ventajas e inconvenientes tendrían.
No existe una única propuesta que debáis defender. El objetivo es desarrollar vuestra propia opinión, contrastar información y aprender a argumentar utilizando los conceptos económicos estudiados.
En mi opinión lo de Maricarmen es una vergüenza, que saquen a la fuerza a una mujer de 87 años que lleva viniendo en la mismas casa 70 y algo y pagando siempre lo mismo esta fatal, subiéndole todo el precio encima, le ofrecen pagarle el precio y la empresa se niega, se puede decir que es legal pero es inmoral e inhumano porque la mujer ha perdido su casa donde tiene todos su recuerdos y ahora con 87 años a ver qué hacen con ella espero que esto mejore y cambien las leyes y esto no pase más,
Yo creo que el Estado debería ayudar a las personas que no tienen suficiente dinero para pagar una casa.
Podría construir casas con alquileres baratos y dar ayudas para pagar el alquiler.
En casos como el de Mari carmen, antes de echar a alguien de su casa, creo que se debería buscar otra casa donde pueda vivir.
Estas ayudas costarían dinero, pero ayudarían a muchas personas que lo necesitan.
Para mí, lo más importante es buscar un punto medio: respetar a los dueños de las casas y también ayudar a las personas que tienen problemas para pagar una vivienda.
En mi opinión, creo que no debería suceder esto ya que hay que tener en cuenta que Mari Carmen llevaba 70 años viviendo en la misma vivienda y en el mismo barrio, ahora ella tiene que cambiar prácticamente su vida porque tiene que irse a vivir lejos de su antigua casa. También creo que el propietario de la casa está en su derecho de subir el alquiler ya que todo está subiendo y él no puede estar perdiendo dinero por algo que es suyo, sí que pienso que al igual debería haber mirado por la mujer un poco y no subirle el alquiler tanto, ya que ahora debería pagar más de lo que cobra y no se lo puede permitir.
YO creo que es el estado debería ayudar más a las personas que tiene problemas para poder pagar una vivienda , en caso como el de Mariacarmen , que al precio que le subieron no era nada normal para lo que le pagan de jubilación a la señora mayor .Me parece muy injusto que una persona que lleva tantos años viviendo en una casa pueda acabar sin un sitio donde de vivir simplemente porque ya no puede pagar los precios que hay ahora y porque ahora todos los edificios lo quieren para Airbnb .
Una solución podría ser construir más viviendas públicas y ponerlas a precio más baratos . también se podrían dar ayudas para pagar el alquiler a las personas que realmente lo necesiten . Esto tendría un coste para el estado , pero serviría para evitar que muchas personas se queden sin casa .
Eso sí , también pienso que hay que respetar a los propietarios , porque la vivienda es suya y tienen derecho a recibir el alquiler , eso si de manera modera y no subiendo tanto los precios de los alquileres . por eso creo que debería haber un punto medio entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a tener una vivienda digna .
En mi opinión , el estado debería intentar que situaciones como la de Maricarmen no vuelvan a pasar . Para mí , ayudar con el alquiler y aumentar las viviendas públicas sería una buena forma de hacerlo , aunque suponga gastar más dinero .
En mi opinión, el desahucio es legal y la empresa tiene derecho a recuperar su vivienda, pero no me parece del todo ético echar a una mujer de 87 años que lleva 70 años viviendo allí. Creo que también habría que valorar las circunstancias de cada persona y buscar soluciones, además de intentar bajar los precios de la vivienda en España.
Mi opinión sobre el tema de maricarmen es que judicialmente es correcto pero como sociedad éticamente está muy mal, hay que pensar en las circunstancias de la mujer, tiene 87, un 50% de movilidad reducida y además lleva allí más de 70 años.
Me parece mal que la echen y que además no le den los suficientes recursos para reorganizar su vida.
El gobierno de españa y los que gobiernan en las comunidades deberían sentarse y crear una ley sobre la vivienda, hay que hacer menos pisos vacacionales y dejar a las personas en sus viviendas.
Me alegra ver que gracias a esta terrible situación hay gente en la calle protestando para que solucionen de una vez el tema de la vivienda en españa y espero que así sea.
En mi opinión el Estado debería ayudar a las personas que no pueden pagarse una vivienda, sobre todo si están en una situación de vulnerabilidad como en este caso. Se podrían construir más viviendas públicas y ofrecerlas a precios más bajos.
También creo que se podrían dar ayudas para pagar el alquiler a las personas que tengan pocos ingresos. Estás ayudas las pagarían las administraciones públicas con el los impuestos. La ventaja sería que más personas podrían tener una vivienda digna, aunque sería un gasto grande para el Estado y el aumento de los impuestos al pueblo.
Creo que se debería intentar buscar una solución antes del desahucio, el propietario y la persona que vive en la casa deberían de hablar sobre las ayudas para pagar el alquiler o ofrecer una vivienda alternativa.
En conclusión, pienso que hay que buscar un equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a tener una vivienda digna. El Estado debería intervenir cuando una persona no pueda acceder a una vivienda por falta de dinero o otros recursos.
En mi opinion,Maricarmen es una víctima más de la especulación inmobilaria qe hay en España.
Judicialmente, el deshaucio hacia Maricarmen es legal , pero, como sociedad no deberiamos permitir este tipo de situaciones.
No deberiamos permitir qe las empresas pongan por encima los ingresos a los derechos humanos , como lo es el derecho a una vivienda digna.
Deberíamos encontar un equilibro entre los intereses económicos y la proteccion hacia las personas , sobre todo en casos donde la persona perjudicada es vulnerable debido a su avanzada edad.
Yo pienso que no se debería echar a Maricarmen de su casa porque, aunque no tenga un 66% de discapacidad, tiene un 50%, que ya es bastante elevado.
Aparte, creo que para lo que la echan es el principal problema de España ahora mismo, que son los pisos turísticos y los AIRBNB que están quitando viviendas y subiendo el precio del alquiler. Aparte, ahí en el centro de Madrid ya no hay casi pisos de vivienda; muchos son Airbnb, hoteles o pisos turísticos. ¿Qué está pasando en todas las ciudades? Que los centros parecen parques de atracciones para turistas. Yo lo que haría es regular cuántas viviendas tienen las personas porque lo que no es normal es que una persona tenga 10 casas y otra no pueda independizarse porque la persona que tiene 10 casas ha puesto el alquiler en todas a un precio desorbitado. aparte tambien haria viviendas del estado porque ya no es que el alquiler esta desorbitado que tambien pero ni siquiera hay viviendas para todo el mundo asi que eso seria algo que si yo fuera el gobierno haria.
En definitiva, mi opinión es que el caso Maricarmen es algo que pasa más de lo que debería pasar, pero que ahora, como es una señora mayor, se le da más importancia y que es una vergüenza que haya gente con 10 casas y gente que no pueda independizarse ni con dinero.
Yo creo que el estado debería ayudarla porque tiene 87 años y se ha quedado sin vivienda. Al haberla echado de su casa, no debería quedarse en la calle ni tener que buscar sola otro lugar donde vivir.
El Estado debería buscarle una vivienda digna, segura y adaptada a sus necesidades y también a sus ingresos o pensión. También debería estar en una zona con servicios necesarios, como un centro de salud, tiendas y transporte público.
En mi opinión, el estado debería contribuir más de lo que hace para la accesibilidad de la vivienda digna.
Para ello unas medidas que podrían tomar, podría ser regular el aumento de alquileres incontrolado. Para ello deberían cambiar algunas leyes para poder satisfacer nuestros derechos. Otro remedio, sería un estado comunista donde todas las viviendas son de todos, pero a lo largo de la historia, sería ha demostrado que el comunismo no funciona muy bien. Tengo dudas sobre mis opiniones en este tema asique no sé si es muy válida mi opinión.
AMP En mi opinión este tema esta muy politizado y creo que en vez de polarizar todo deberíamos pensar como humanos y pensar que Mari Carmen podría ser nuestra abuela la que están echando de la casa donde lleva viviendo toda su vida, donde vive cerca de su familia y ahora si o si se tendría que ir a vivir muy lejos de todo lo que ella conoce.
En mi opinión no me parece justo que una persona pueda ser expulsada de la vivienda en la que ha vivido 70 años porque el precio del alquiler aumente hasta una cantidad que no pueda pagar.Entiendo que una vivienda también es un bien económico,pero creo que en situaciones como esta debería tenerse mas en cuenta en las circunstancias de la persona.
Considero que deberían haber limites para evitar aumentos desproporcionados,especialmente en casos de personas mayores o vulnerables,porque no me parece normal que un alquiler suba de 500 euros a 1.650 euros cuando Maricarmen tiene una pensión de 1.300 y aunque esta subida sea legal no me parece que sea justa.Esto no significa eliminar el derecho de los propietarios a obtener beneficios,sino buscar un equilibrio entre sus intereses y el acceso a una necesidad básica como es la vivienda.La oferta y la demanda son importantes para establecer precios,pero no deberían ser el único factor que se tenga en cuenta cuando una persona pueda quedarse sin vivienda.
En este caso creo que debería buscarse un acuerdo entre el propietario y Maricarmen que le permitiera continuar en su hogar de toda la vida con un alquiler que pudiera asumir.
En conclusión no me parece que Maricarmen tenga porque abandonar el sitio donde ha vivido toda la vida porque aunque mucha gente diga «es que esta viviendo en el retiro por 500 euros» para ella no es el mismo retiro que nosotros vemos para ella es su hogar toda su vida en un sitio que no tendría porque cambiar porque aunque este desahucio sea legal no signifique que este bien.
Lo primero me parece deplorable que hayan personas o grupos de personas que antepongan el ganar dinero antes que el derecho a la vivienda de las personas. Lo que nos caracteriza a los seres humanos debería de ser nuestra capacidad para vivir en sociedad. Si este caso hubiera pasado en Europa no se habría permitido esto mismo ya que está mucho mejor regulado todo y, a mi parecer, España debería de tomar ejemplo. Lo peor es que desde un primer momento la empresa sabía el beneficio que tendría la compra de esa casa. Me parece muy triste todo esto ya que le damos demasiada importancia al dinero y en ocasiones solo miramos por nosotros mismos. A la gente que este tema le parece grave solo les diría que se imaginen que es su abuela. P.O.G
En mi opinión el Estado debería ayudar a que todas las personas puedan tener una vivienda digna, sobre todo las personas mayores y con pocos recursos.
En el caso de Maricarmen creo que su situación era muy difícil porque con su pensión no podía pagar un alquiler tan caro como los de el Retiro además, me parece injusto que con 87 años tenga que irse de la casa donde ha vivido casi toda su vida y empezar de nuevo en otro lugar.
Creo que el Estado debería ayudar a las personas que no pueden pagar un alquiler mediante ayudas económicas.
Yo considero que no está bien que el precio del alquiler aumente tanto en tan poco tiempo. Aun así, entiendo la decisión del propietario porque tiene derecho a decidir sobre su vivienda, siempre que respete los límites de la ley.
A cerca de la pregunta que has puesto en el artículo, propongo las siguientes opciones, que además de estar en el artículo, están en todas las propuestas de todos los partidos políticos en España, pero las he desarrollado.
La construcción de la vivienda pública: El Estado pone las medidas para favorecer la construcción de viviendas para que la mayoría de la población pueda comprarlas o alquilarlas con su salario.
Las ayudas al alquiler: El Estado ayuda tanto al inquilino como al propietario para facilitar la venta de la vivienda, por ejemplo, al inquilino le ayuda pagando una parte del alquiler y al propietario le ayuda bajando el porcentaje de los impuestos de los beneficios que obtiene por el alquiler de esa vivienda. Estas ayudas se dan a las personas que cumplan unos determinados requisitos. Al reducir los impuestos y al dar ayudas también puede ser un inconveniente porque se tendrá que recaudar más dinero para cubrir otros gastos.
Incentivos para ampliar la oferta: Son propuestas para que las personas se animen a vender o alquilar viviendas y así aumentar la oferta. Algunas de las formas podrían ser:
Los políticos hacen leyes para garantizar una seguridad al propietario de una vivienda que pone en alquiler o a una persona que construye una casa, se llama seguridad jurídica.
También con los impuestos al beneficio por la compraventa o alquiler de una vivienda que deben ser menos, beneficios fiscales.
La política pone más suelo disponible en el que se pueda construir, mayoritariamente vivienda pública.
La regulación del mercado: Lo regula el Estado poniendo unos precios máximos al alquiler de las viviendas en según qué zonas para evitar que sea más caro. Esto puede ser un inconveniente para algunos propietarios al no ganar los beneficios que quiere o necesita.
Los programas de protección social: independientemente de si cumple o no unos requisitos, el Estado proporciona una serie de recursos a personas que lo necesitan, por ejemplo, en caso de que una persona no llegue a pagar el precio de su alquiler, el estado proporcionara una serie de recursos, ya sea ofreciéndole otra residencia más barata o ayudando económicamente para facilitar la gestión de su situación.
Para garantizar el derecho a la propiedad privada el Estado tiene que hacer leyes que no limiten la compraventa de sus viviendas. También tienen que haber leyes que permitan que las personas vendan y compren casas.
Sobre mi opinión a cerca del caso de Maricarmen, pienso que éticamente echar a una persona de esa manera de la casa después de tantos años está mal, pero hay que entender que la casa no era de ella, que era un alquiler y que ella sabía la situación en la que estaba hacia años. La gestión de la situación de parte de la empresa y del propietario no ha sido muy correcta y se podría haber manejado de otra forma. Aun así, están buscando soluciones al problema y dónde se puede alojar ella, cosa que me parece bien.
En mi opinión, me parece bien que el propietario pueda, una vez terminado el contrato, subir el alquiler, ya que esta inquilina vivía en un barrio donde los alquileres eran muy superiores al que ella pagaba. No me parecería bien exigir al propietario que no pueda subir el alquiler o establecerle un límite, ya que, además, considero que esta anciana probablemente tenga ahorros y unos ingresos que le permitan afrontar un alquiler más alto, aunque eso supondría que posiblemente tuviera que marcharse lejos de su barrio.
Sin embargo, en este caso concreto, considero que la empresa que ha comprado el edificio ha tenido una gestión muy poco humana y moral. Aun así, esto no significa que no tenga derecho a hacerlo, ya que el piso es de su propiedad.
Por tanto, mi posición es que estoy de acuerdo con que legalmente se pueda hacer, especialmente porque no veo otra alternativa clara, pero no estoy moralmente de acuerdo con la forma en la que se ha hecho
Una de las propuestas que sugiero ante esta crisis sería facilitar la urbanización del suelo y dar beneficios fiscales a los promotores inmobiliarios. Las propuestas citadas, a mí parecer son los principales obstáculos que se oponen a construir un mayor número de viviendas. Provocando así una demanda muy elevada en comparación a la oferta, teniendo como consecuencia la subida de precio en el sector inmobiliario que hemos sufrido los últimos años en España.